El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las inversiones forestales no productivas con destino a la prevención de incendios y a la gestión forestal sostenible en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común para el período 2023-2027. Estas ayudas tienen un valor total de 44,3 millones de euros.
Estas ayudas convocadas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente son un paso decisivo para reforzar la protección del patrimonio forestal andaluz y favorecer actuaciones que incrementen su resiliencia frente al cambio climático, al tiempo que se impulsa la conservación de los ecosistemas y la actividad sostenible en el medio rural.
La previsión es que la primera convocatoria de estas ayudas se publique durante el primer trimestre de 2026. Tendrá una dotación estimada de 4,3 millones de euros para actuaciones de prevención de incendios y 40 millones para actuaciones de gestión forestal sostenible. Esta dotación procede del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), de acuerdo con el marco financiero establecido en las intervenciones del Pepac para Andalucía.
La aprobación de estas bases se enmarca en la estrategia que viene desarrollando el Gobierno andaluz para potenciar el valor ambiental, social y económico de los montes, muy especialmente en un contexto en el que las funciones que desempeñan (como la captura de carbono, la regulación hídrica, la protección del suelo o la conservación de la biodiversidad) resultan esenciales para el bienestar de la sociedad y los compromisos internacionales en materia de sostenibilidad.
En esta línea, la Junta de Andalucía ha reforzado en los últimos años la planificación estratégica para la conservación del territorio forestal, con hitos como la adecuación del Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030 y la Ley de Montes de Andalucía, que actualmente encara la tramitación final en el Parlamento de Andalucía. En ambos casos, la adaptación al cambio climático y la prevención de incendios se plantean como elementos troncales para asegurar la estabilidad de estos ecosistemas, cuya vulnerabilidad se ha visto intensificada por el aumento de episodios de elevada virulencia en los últimos años.
Las bases aprobadas dan cumplimiento a las intervenciones previstas para Andalucía en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, concretamente las dirigidas a inversiones forestales no productivas: la intervención orientada a la prevención de incendios, y la centrada en actuaciones selvícolas con objetivos ambientales. Ambas se alinean con los objetivos europeos para la lucha contra el cambio climático, la gestión eficiente de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad, reforzando la contribución del territorio forestal andaluz a los compromisos de sostenibilidad recogidos en el Reglamento (UE) 2021/2115 y en la Agenda 2030.
La orden aprobada permitirá apoyar, mediante un régimen de concurrencia competitiva, inversiones orientadas a atender las necesidades del patrimonio forestal privado. Con ello se pretende incentivar actuaciones que garanticen el adecuado estado de conservación de los terrenos forestales y, especialmente, de sus formaciones arboladas. En el ámbito de la prevención, la norma contempla el mantenimiento y conservación de infraestructuras clave como áreas cortafuegos, líneas cortafuegos y fajas auxiliares, que tienen como finalidad reducir el combustible vegetal y contener la propagación del fuego en caso de incendio. Estas actuaciones deberán desarrollarse dentro de las zonas de peligro establecidas en el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, lo que refuerza su coherencia con la planificación autonómica en materia de seguridad y protección territorial.
Regeneración del monte andaluz
Junto a estas inversiones, la orden regula también las ayudas destinadas a actuaciones selvícolas cuyo objetivo principal es conservar la biodiversidad, la vitalidad y la capacidad de regeneración del monte. La estabilidad de las masas forestales depende, en gran medida, de intervenciones que no generan aprovechamiento forestal directo, pero sí son cruciales para la persistencia del ecosistema. Por este motivo, la norma incluye trabajos como repoblaciones, densificaciones, resalveos, podas, desbroces selectivos, protección individual de pies menores, clareos, cortas sanitarias o enmiendas calizas, así como la elaboración o revisión de instrumentos de ordenación forestal.
Para garantizar que estas ayudas alcancen al conjunto del territorio rural andaluz, se han previsto tres líneas diferenciadas en función de la superficie forestal de cada finca. Esta estructura permite atender la diversidad del territorio forestal privado, desde grandes explotaciones a pequeñas propiedades que requieren igualmente apoyo para realizar actuaciones de conservación. Además, la norma incorpora como criterio de selección la inclusión de municipios en riesgo de despoblación, conforme a la Estrategia Frente al Desafío Demográfico 2025-2030.
La tramitación y gestión administrativa ha sido otro de los ámbitos en los que se ha trabajado para facilitar el acceso de los titulares forestales a estas ayudas. Las bases incorporan un aplicativo específico basado en el visor estadístico de información forestal Indifo, que permitirá consultar variables forestales relevantes, elaborar informes previos y simplificar la preparación de las solicitudes. Asimismo, tanto la concesión como la justificación de las subvenciones se articularán mediante módulos, siguiendo la normativa autonómica de agilización administrativa.
Las bases reguladoras aprobadas han sido objeto de diálogo con los agentes económicos y sociales en el marco del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, firmado en marzo de 2023. De esta forma, se asegura que la regulación responda a los retos reales del sector forestal y a las necesidades del medio rural, integrando la creación de empleo, el emprendimiento y la sostenibilidad como pilares compartidos de la acción pública. El resultado es una norma alineada con los principios de participación, transparencia y equilibrio territorial que rigen las políticas ambientales del Gobierno andaluz.