El Consejo de Gobierno ha acordado la ampliación de la plantilla de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) en un total de 140 puestos de trabajo, tanto en los servicios centrales como territoriales, con una dotación económica de 4,9 millones de euros para el objetivo de afrontar los retos de gestión del sistema de la dependencia, así como afianzar y consolidar el nuevo modelo impulsado por la Junta de Andalucía.
La Assda gestiona el sistema de dependencia con mayor población potencialmente dependiente de España y concentra, además, el mayor volumen de solicitudes del conjunto del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, con un peso superior al 19% respecto al total de las comunidades autónomas. En este contexto, Andalucía ha registrado un récord a cierre del mes de enero de 2026 con 340.135 personas atendidas, lo que supone un incremento del 60,3% respecto a 2018. En cuanto a las prestaciones, Andalucía cerró el mes de enero con un total de 526.040, cifra que representa un aumento del 88,4% en comparación con 2018.
Este crecimiento también se refleja en el ámbito de la teleasistencia. El Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT) ha registrado un incremento de 64.031 personas usuarias entre 2018 y octubre de 2025. Asimismo, en su función de atención telefónica a personas mayores y personas con discapacidad, el SAT ha pasado de gestionar 1,4 millones de llamadas entrantes en 2018 a 1,8 millones en septiembre de 2025.
A este aumento de la actividad se suman los cambios normativos producidos en los dos últimos años, especialmente tras la entrada en vigor en 2024 del Decreto de Simplificación Administrativa, que ha supuesto una mejora sustancial en la atención a las personas en situación de dependencia, al tiempo que ha incrementado la carga de trabajo de los equipos gestores, debido al aumento de las solicitudes de revisión y adaptación de los Programas Individuales de Atención (PIA), la reducción de los plazos de tramitación y la mayor complejidad de los supuestos de tramitación preferente.
La implantación del citado decreto ha introducido modificaciones relevantes en el procedimiento, orientadas a la reducción de cargas administrativas y a una mayor agilidad en la gestión. Entre las principales medidas destaca la realización de una única visita domiciliaria a la persona solicitante, en la que se recaba toda la información necesaria tanto para la valoración del grado de dependencia como para la elaboración del Programa Individual de Atención. En coherencia con este enfoque, el procedimiento concluye ahora con una única resolución administrativa que reconoce simultáneamente la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones.
Asimismo, se ha acometido la unificación de los aplicativos informáticos de gestión, actualmente en fase de implantación. Este nuevo motor único de tramitación permite conocer en todo momento el estado exacto de cada expediente, desde su inicio hasta su resolución, lo que redunda en una mejora del control y la transparencia del proceso.
En el marco de esta estrategia de mejora continua, la Junta de Andalucía aprobó en agosto de 2025 la orden que establece determinados supuestos de tramitación preferente con el fin de garantizar una respuesta más ágil en situaciones de especial vulnerabilidad o urgencia social. Entre los colectivos prioritarios se incluyen los menores de hasta 14 años, las personas mayores de 90 años, las personas con ELA y aquellas que se encuentran en situación de cuidados paliativos, entre otros.