El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha presentado en comisión parlamentaria el Plan de Inspección Turística de Andalucía 2026, PIPA 2026, que ha definido como un instrumento esencial para asegurar el orden, la legalidad, la convivencia y la calidad en una de las principales industrias de la comunidad.
Bernal ha destacado la trascendencia estratégica del plan y ha rechazado que deba tener un carácter recaudatorio. «No es un plan recaudatorio ni mucho menos, confiscatorio. Es un instrumento de ordenación enfocado al control de la actividad turística con el objetivo de universalizar y normalizar la calidad del sector«, ha afirmado.
«Un buen partido de fútbol no es aquel en el que el árbitro pita más faltas, saca más tarjetas o expulsa a algún jugador por no haber cumplido las normas de juego. El mejor partido siempre coincide con aquel en el que el árbitro deja jugar porque los futbolistas han cumplido», ha comparado Bernal.
El consejero ha defendido que la inspección turística forma parte de la gestión ordinaria de un sector estratégico. Según ha explicado, garantiza el cumplimiento de las reglas, protege a quienes trabajan dentro de la legalidad y contribuye a la convivencia y a la calidad del destino.
El PIPA 2026 establece las prioridades y criterios de actuación de la Inspección Turística durante el ejercicio 2026. El plan se articula en cuatro grandes líneas. Incluye el control del cumplimiento de la normativa, la lucha contra la clandestinidad, la protección de los derechos de las personas usuarias y una línea específica de información y asesoramiento para prevenir incumplimientos.
«Somos firmes frente al incumplimiento, pero claros y pedagógicos con quien quiere hacer las cosas bien, que en este sector son la inmensa mayoría», ha señalado Bernal, que ha insistido en que el asesoramiento, el control previo y la disuasión constituyen los ejes del modelo.
El plan contempla actuaciones sobre el funcionamiento ordinario de los establecimientos y servicios turísticos, con verificación de requisitos de inscripción, condiciones de prestación, información al usuario y garantías básicas de calidad y seguridad. También prevé programas específicos sobre comercialización y publicidad en el entorno digital, con el objetivo de comprobar que la oferta difundida corresponde a servicios registrados y que la información es veraz.
En materia de derechos de las personas usuarias, el PIPA 2026 refuerza la atención a denuncias y reclamaciones para ofrecer una respuesta más ágil y eficaz ante posibles incumplimientos.
El pilar de la cooperación institucional
Uno de los pilares del plan es la lucha contra la clandestinidad en los alojamientos turísticos. El propio documento establece que al menos el 30 por ciento de las actuaciones de los programas específicos se concentren en esta línea.
Bernal ha resaltado que el modelo actual se apoya en la cooperación institucional y en el uso de nuevas herramientas tecnológicas. En este sentido, ha detallado que ya se han firmado nueve convenios con los ayuntamientos de Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande, El Puerto de Santa María y Córdoba, y que existen otros 23 en tramitación.
El consejero también ha anunciado el avance en la colaboración con el grupo TITAN de la Policía Nacional Adscrita, lo que permitirá reforzar las actuaciones conjuntas en apoyo a la labor inspectora y mejorar la eficacia frente a actividades al margen de la normativa. Asimismo, ha puesto en valor el uso de tecnologías de análisis y vigilancia en el entorno digital para controlar y detectar oferta irregular.
Durante su intervención, Bernal ha vinculado el PIPA 2026 con la futura Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, que se encuentra en tramitación parlamentaria. La nueva norma reforzará el marco de ordenación y control de la actividad con más medios y herramientas tecnológicas, mayor claridad normativa y un régimen sancionador más contundente.
La ley permitirá sancionar la prestación clandestina de servicios turísticos con multas de entre 10.000 y 100.000 euros. En los supuestos más graves, como la obstrucción a la inspección o la aportación de documentación falsa, las sanciones podrán alcanzar hasta 600.000 euros. Además, se prevé la prohibición de presentar una nueva declaración responsable durante un año para la misma actividad.
«El objetivo es claro: que la ley y el nuevo modelo de control previo disuadan conductas ilegales y clandestinas«, ha concluido el consejero.
Bernal ha afirmado que el PIPA 2026 actúa sobre el conjunto del sistema turístico andaluz con un enfoque proporcionado y coherente con la realidad del sector. «Hablamos de un plan que permite que la actividad turística funcione con normalidad, con garantías y con confianza. Ofrece seguridad jurídica a la industria y certeza a los andaluces», ha concluido.