La Junta de Andalucía propondrá a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) la creación de un sello de calidad en inclusión que no sea meramente distintivo, sino que se integre como criterio evaluable en los procesos de acreditación institucional de las universidades andaluzas, con el objetivo de reforzar el compromiso efectivo de los equipos de gobierno con las políticas inclusivas. Así lo ha puesto de relieve el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante la presentación en Sevilla del estudio ‘Promoción y desarrollo de una cultura inclusiva en las universidades españolas’, promovido por Fundación ONCE y la Universidad Pablo de Olavide (UPO).
Gómez Villamandos ha asegurado, durante su intervención en este acto, al que también ha asistido la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que «la cultura universitaria no puede serlo plenamente si no es inclusiva, diversa e integra a todo el estudiantado». Por eso, ha añadido, trabajar para el acceso a la educación superior de todos los colectivos con dificultades «ha sido un objetivo prioritario para esta Consejería y una cuestión en la que hemos trabajado también en colaboración con representantes de los grupos y las universidades».
Gómez Villamandos ha agradecido a David Cobos, profesor del Departamento de Educación y Psicología Social de la UPO, y a María José Parejo, docente del Departamento de Derecho Público, autores de este estudio, «su rigor y sensibilidad» para abordar este trabajo. «Se trata de una labor necesaria para que nuestras universidades sigan siendo espacios con alma que entienden que la excelencia académica no puede separarse de la inclusión y la dignidad humana«, ha manifestado. Además, ha señalado que, gracias a esta labor de investigación y estudio, «tenemos un diagnóstico sólido y, lo más importante, nuevas propuestas de mejora concretas y aplicables para que la cultura esté realmente al alcance de todos».
De este modo, el consejero ha incidido en la necesidad de garantizar medidas que den respuesta a la diversidad de situaciones para que todo el mundo «pueda disfrutar de la oferta cultural de los campus». Al respecto, ha subrayado el «carácter cercano, solidario e inclusivo» de las instituciones académicas andaluzas, recordando que todas las universidades tienen un protocolo establecido para la atención a sus estudiantes con discapacidad.
Entre las acciones que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha llevado a cabo con perspectiva inclusiva, Gómez Villamandos ha aludido al convenio firmado en 2024 junto con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y las universidades públicas para coordinar la atención a la discapacidad y necesidades educativas en las instituciones de educación superior, garantizando la igualdad de oportunidades mediante estudios sobre los servicios de atención y líneas de trabajo anuales acordadas por la Comisión de Seguimiento.
El consejero ha asegurado que también, a través de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), se ha reforzado la inclusión y la atención a la diversidad funcional. «El espíritu de esta norma es el de una labor de vigilancia y propositiva constante en la que se contribuya a eliminar obstáculos sociales», ha asegurado.
Así, ha explicado que la LUPA cuenta con un artículo específico dedicado a la comunidad universitaria con discapacidad, centrado en la garantía de igualdad de oportunidades, en la eliminación de cualquier forma de discriminación y en la inclusión de medidas de acción positiva tendentes a asegurar la participación plena y efectiva del colectivo. Igualmente, recoge que las universidades andaluzas promoverán el acceso a los estudios de estas personas mediante el fomento de estudios propios adaptados a sus capacidades. Se deberán llevar a cabo, además, las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar que el estudiantado pueda realizar sus estudios y culminarlos con un aprovechamiento académico suficiente.
En cuanto a las ofertas de empleo público y las correspondientes convocatorias de plazas de personal de las universidades públicas susceptibles de cubrirse mediante vacantes presupuestariamente dotadas, Gómez Villamandos ha apuntado que deberán cumplir con la reserva de plazas para personas con discapacidad, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación. Además, «hemos establecido que las instituciones académicas públicas deberán contar con un plan de becas y ayudas de apoyo al estudio que prestará especial atención a las personas con discapacidad«, ha señalado.
Por último, el consejero ha remarcado que las recomendaciones que agrupa el informe presentado «sirven como mensaje general a la sociedad, proporcionan herramientas para seguir avanzando con fundamento hacia la no discriminación, la accesibilidad y la inclusión social, no solo en la cultura, sino en todos los ámbitos de la vida», ha concluido.