El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha comparecido en el Pleno del Parlamento para dar cuenta de los recientes acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales en la Mesa General de Función Pública y Mesa Sectorial de Administración General para la mejora del empleo público y la administración andaluza. Nieto ha defendido la «unanimidad» y la «credibilidad» del «mayor acuerdo» alcanzado en dos décadas en materia de función pública y que nada tiene que ver con las expectativas de otros pactos, como el suscrito en julio de 2018, que nunca llegó a implantarse por falta de presupuesto y de las reformas legales necesarias para su ejecución.
En su comparecencia, Nieto ha puesto en valor el trabajo realizado en esta legislatura para acometer la mayor transformación de la Administración Pública de la mano de sus profesionales, iniciado con la nueva Ley de Función Pública de 2023, que sustituyó una normativa obsoleta de 1985, y cuyos hitos más recientes son los acuerdos «históricos» que suponen una inversión de 250 millones hasta 2030.
El consejero ha agradecido a todas las organizaciones sindicales, presentes hoy en el Pleno -CSIF, UGT, CCOO, SAF e ISA-, el trabajo discreto y leal que ha permitido alcanzar la unanimidad sindical, algo que no se producía desde 2006. Un claro ejemplo de que Andalucía ha recuperado el valor del diálogo social gracias a la búsqueda del consenso que caracteriza la vía andaluza del Gobierno de Juanma Moreno. Asimismo, les ha agradecido que en ambos acuerdos no solo haya primado las mejoras salariales de los funcionarios, sino también la mejora de la calidad del servicio público que se ofrece al ciudadano.
Tanto el acuerdo de la Mesa General de Función Pública para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad, como el acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General que desarrolla la carrera horizontal y evaluación del desempeño siguen la senda iniciada con la aprobación en 2023 de la Ley de la Función Pública de Andalucía y su desarrollo reglamentario. Medidas que han permitido reducir la temporalidad del 50 al 8% tras poner al día ofertas de empleo público atrasadas y procesos de estabilización extraordinarios, planificar la convocatoria anual de las ofertas necesarias para hacer frente a las jubilaciones previstas en los próximos años y agilizar su resolución, además de crear nuevos sistemas de provisión y selección de puestos como el concurso abierto y permanente.
En este sentido, ha detallado que el acuerdo de 2018 prometía una modernización, un reconocimiento profesional y una cultura evaluadora, pero lo hacía sin una reforma integral del marco legal de la función pública, un desarrollo reglamentario coherente y sistemático, un sistema real de evaluación del desempeño y una definición presupuestaria plurianual. Fue un acuerdo «más declarativo y electoralista» que generó unas «expectativas irreales», así como «frustración» y «desconfianza» de los empleados públicos hacia la Junta.
Por el contrario, los acuerdos actuales se cimientan en un desarrollo legal, cuentan con un calendario de aplicación y financiación asegurada. Son «un compromiso real» que genera «credibilidad» y seguridad al personal de la Junta de Andalucía.
Mejora del empleo y la prestación de servicios de calidad
Así, el acuerdo de la Mesa General de Función Pública tiene un alcance económico de 250 millones de euros, la mayor inversión de la Junta en este ámbito, y un horizonte temporal de cinco años. Beneficia a todo el personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta, de las entidades instrumentales del sector público andaluz y de Justicia, que suman unos 65.000 trabajadores.
El documento reconoce el papel del personal al servicio de la Junta y crea un marco estable que impulsa su motivación, desarrollo profesional, estabilidad, formación continua, la mejora de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales, además de modernizar el sistema retributivo para reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia. Para Nieto, su labor, profesionalidad y compromiso constituirán el factor decisivo para avanzar hacia una Administración más ágil, eficaz, moderna, digital, accesible y proactiva, que contribuya al desarrollo económico de una Andalucía líder.
De este gran pacto, emana el acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General que desarrolla la carrera horizontal, evaluación del desempeño y equiparación retributiva de los 45.000 funcionarios de carrera al servicio de la Administración General de la Junta. El texto desarrolla un sistema de promoción y retribución más justo, motivador y transparente a través de dos nuevos complementos salariales de carrera horizontal y evaluación del desempeño.
La carrera profesional horizontal permitirá a los empleados públicos mejorar su salario y progresar profesionalmente sin necesidad de cambiar de puesto, ofreciendo así más estabilidad a las plantillas. El sistema se organizará en seis tramos y se implantará progresivamente entre 2026 y 2029, según el calendario acordado con los sindicatos. El incremento anual podrá alcanzar hasta 10.890 euros en el grupo A1 y 2.587 euros en el grupo E.
Además, se creará un sistema de evaluación del desempeño, que sustituirá al actual modelo de productividad. Se cobrará en un único pago anual y se implantará entre 2029 y 2030. Estará ligado a objetivos medibles y transparentes y supondrá un complemento anual de entre 1.257 y 4.000 euros, según el grupo profesional.