El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del balance en inspección urbanística y de ordenación del territorio para hacer frente a la construcción de edificaciones ilegales sobre suelo rústico en 2025, que cerró con 1.986 actuaciones, destacando, un año más, los precintos. Esta práctica, inexistente antes de 2019, ha experimentado un profundo crecimiento desde los cambios normativos introducidos por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), que otorga competencia directa a la Junta de Andalucía para actuar frente a infracciones con incidencia territorial. Desde su entrada en vigor, a finales de 2021, se han practicado 1.590 precintos.
Con los precintos, la Junta de Andalucía mantiene la estrategia de los últimos años de priorizar las actuaciones en edificaciones ilegales sobre suelo rústico en fase temprana. En 2025, se precintaron 351 edificaciones o parcelas ilegales, una cifra algo inferior a la de 2024, pero similar a la de los ejercicios anteriores (2022 y 2023). No obstante, la labor inspectora no se limitó el año pasado al precinto inicial, sino que se añadieron más actuaciones de verificación de que las parcelas ya intervenidas no se reiniciaban. Sobre este punto, la inspección urbanística ha efectuado más de 400 reprecintos, elevando las actuaciones a lo largo del año pasado a más de 700 edificaciones o parcelas ilegales.
En este balance también se informa del levantamiento de 612 actas de inspección y del inicio de expedientes de protección de la legalidad en relación con 484 edificaciones, 12 veces más que en 2018. Además, se viene desarrollando una constante colaboración con los agentes implicados en la protección de la legalidad territorial y urbanística, como el Ministerio Fiscal; la jurisdicción penal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los organismos sectoriales y otros agentes con competencias concurrentes. A modo de ejemplo, durante 2025 se emitieron 160 informes periciales relacionados con delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo a instancias del Ministerio Fiscal o de la jurisdicción penal, una cifra récord.
Una máquina realiza una demolición en un inmueble.
Por otra parte, se han abierto 155 procedimientos sancionadores e iniciado 178 multas coercitivas por importe superior a los cuatro millones de euros (4.245.636 euros). Estas nuevas políticas en materia de ordenación del territorio, basadas en multas coercitivas progresivas, ha supuesto un cambio de mentalidad del infractor, que trata de reincidir menos y busca restablecer el daño ocasionado. Por ejemplo, se han producido ya 54 autodemoliciones en 2025, que van desde la eliminación de vallados y otros elementos comunes en parcelaciones ilegales sobre suelo rústico hasta la demolición y retirada de edificaciones, piscinas, casetas prefabricadas y otras construcciones ilegales.
La Consejería de Fomento ha apostado por la inspección autonómica para hacer frente a las nefastas consecuencias sociales, ambientales y económicas que el urbanismo ilegal produce en el territorio. Gracias a este cambio de políticas, prácticamente se ha cuadriplicado el número de las principales actuaciones en materia de inspección.
Los buenos números obtenidos han sido posibles gracias a una mayor descentralización de la inspección, que ahora tiene una mayor presencia en el territorio. Asimismo, se ha producido una mayor planificación de las actuaciones para ser más eficaces, en base a Plan General de Inspección Territorial y Urbanística 2023-2026. Al respecto, se ha iniciado la tramitación de un nuevo reglamento de organización y funciones de la inspección para actualizar, modernizar y hacer más eficaz el ejercicio de sus funciones.
Por último, se ha implementado en el último año medidas que velan por la protección del personal inspector ante situaciones de peligrosidad. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ofrece la posibilidad de la firma anonimizada de los documentos, de manera que no aparezca el nombre, sino un número de identificación profesional.